Acabamos de celebrar nuestra Asamblea General en la que, como es habitual, repasamos las actividades más destacadas de 2014 y el plan de actuación para el año en curso. Una de las conclusiones a la que podemos llegar es que da la sensación de que los temas no se cierran nunca. En ocasiones porque requieren una atención continuada, como por ejemplo el seguimiento de la evolución de los mercados, la aplicación de la reforma de la PAC, el restablecimiento de medidas extraordinarias para paliar los efectos del veto ruso que todavía persiste,….pero en otros casos los temas no se cierran como consecuencia de la propia complejidad administrativa de nuestro país. Este sería el caso de la aplicación de la Ley de Integración Cooperativa porque, cuando creíamos que solo debíamos concentrarnos en su aplicación, nos encontramos con una sentencia del Tribunal Constitucional que, sin cuestionar el fondo de la Ley ni los instrumentos que contempla, introduce una modificación en los procedimientos administrativos para la solicitud del reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias que sin duda retrasará su puesta en marcha. Esperemos que solo sea eso, un retraso, porque la Ley, aun sin haberse iniciado su aplicación, ya está dando resultados. Así, son varias las cooperativas que han lanzado de forma decidida su integración y, sin duda, en los próximos meses veremos como surgen otras iniciativas que hoy desconocemos.
Otro de los hechos relevantes ha sido nuestra reunión con el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. El motivo de la reunión fue poner de manifiesto la apuesta por la internacionalización de buena parte de nuestras cooperativas. De hecho, las cooperativas representan el 27% de las exportaciones agroalimentarias de nuestro país y en los últimos años su participación en los mercados internacionales se está incrementando, fundamentalmente fuera de la UE: Estados Unidos, China, Japón, …. Esta evolución no es fruto del azar ni de la crisis económica, que sin duda ha contribuido al incremento de las exportaciones y la mejora de la balanza comercial de nuestro país. A nuestro juicio es la consecuencia de varios factores, pero tal vez el más importante es que somos una potencia agroalimentaria y empezamos a vencer viejos complejos que orientaban a muchas de nuestras producciones a los mercados y clientes de proximidad. En este sentido, el Secretario de Estado no solo ha reconocido el papel de las cooperativas en la internacionalización del sector, sino que nos ha brindado toda su colaboración para aprovechar de forma eficiente los instrumentos que en la actualidad existen para la mejora de nuestra presencia en los mercados exteriores. En ello estamos y por eso hemos tenido una primera reunión con las cooperativas de mayor propensión exportadora que han identificado toda una serie de áreas de mejora con el fin de aportar más eficiencia a las relaciones comerciales con países terceros. Mención especial requiere el futuro acuerdo bilateral de la UE con los Estados Unidos, más conocido por TTIP, acuerdo que sin duda ofrece un enorme atractivo para los productos mediterráneos, pero que provoca también gran controversia, tanto por la falta de transparencia de los negociadores, (la Comisión por parte comunitaria), como por la difícil compatibilización entre el modelo productivo norteamericano y el europeo, mucho más restrictivo y reglamentado.
En lo que respecta a la reforma de la PAC ya podemos decir que se ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo Rural, (PNDR), y muchos de los PDRs autonómicos, programas que serán fundamentales para la financiación de las inversiones en el sector y, en particular, para la puesta en marcha de la Ley de Integración Cooperativa que, recordamos, tiene asignado un presupuesto en el PNDR de 257 millones de € para el periodo 2015-2020. Esperamos y confiamos que la sentencia del Tribunal Constitucional no retrase en exceso su aplicación. Sin embargo, vamos a tener que seguir esperando antes de que se pueda concretar el pago básico asignado a cada beneficiario. De momento hemos conseguido que Hacienda reconozca que no hay que aplicar el IVA a las transferencias de Derechos de Pago Único cuando éstas vayan, bien de forma definitiva (venta), como temporal (arrendamiento), acompañadas de transferencia de tierras, cuestión que preocupaba al sector en determinadas CCAA donde los inspectores estaban exigiendo el pago del IVA a la transferencia de derechos.
Para finalizar comentar la visita del Comisario Hogan a Madrid. En sus intervenciones el Comisario ha vuelto a reiterar su convicción de que el modelo cooperativo es la mejor herramienta para que los productores puedan mejorar su posición en el mercado. El veto ruso, el desequilibrio existente en la cadena agroalimentaria, la simplificación de la PAC, la necesaria reciprocidad en las relaciones comerciales con los países terceros y las distorsiones que se generan cuando las exigencias de la reglamentación comunitaria nos inducen mayores costes frente a nuestros competidores, fueron temas recurrentes a los que el Comisario mostró comprensión y proximidad, si bien manifestó sus cautelas ante las diferentes sensibilidades e intereses existentes en los Estados miembros de la UE. Por ello, el Comisario insistió en la importancia de que el sector actúe con una única voz ante las instituciones comunitarias y haga valer sus argumentos con el fin de que sean tenidos en cuenta no ya por los políticos, sino por la sociedad en su conjunto. En fin, parece que entonamos la misma canción, esperemos que no se quede sólo en música.
No es un titular de prensa sino un slogan de la cadena de distribución italiana CONAD. Esta cadena es una cooperativa que se ha sensibilizado con los ganaderos y ha trasladado al consumidor la necesidad de mantener unos precios de venta dignos. El ejemplo ilustra a la perfección la situación que está padeciendo el sector lácteo, que sufre periódicamente los efectos de una volatilidad de precios que va en aumento y que no cuenta con instrumentos ni políticas que puedan atenuar de forma eficiente sus efectos en las rentas de los ganaderos. En unos casos la volatilidad se centra en los precios pagados a los ganaderos y en otros la presión al sector es una consecuencia del efecto inducido por la volatilidad de los precios de los inputs necesarios para producir la leche, en particular el precio de los cereales y las oleaginosas. Cuando confluyen ambas circunstancias los efectos pueden ser demoledores.
En este momento además se da la circunstancia de que en algunos Estados miembros de la UE superarán la cuota asignada y por tanto pagarán supertasa, aun a sabiendas de que es la última campaña con cuotas y de que los precios se han deprimido no ya por efecto de un incremento de la producción, sino por la reducción de las exportaciones como consecuencia del veto ruso. Particularmente grave es la situación en los Países Bálticos y Finlandia. En los primeros, los precios se han reducido hasta llegar a 18 cts/litro, en Finlandia todavía están por encima de los 30 cts/litro, gracias a la existencia de una gran concentración de la oferta, que alcanza prácticamente el 100% de la leche producida y del liderazgo de una cooperativa -Valio- que ha sabido capear el temporal diversificando destinos y productos.
Efectivamente el sector vive con gran incertidumbre el impacto de la desaparición del régimen de cuotas, máxime cuando se observa una disparidad de posiciones entre los Estados miembros que impide tomar decisiones y bloquea cualquier iniciativa de la Comisión, actualmente rendida ante su incapacidad de presentar propuestas que puedan contar con la mayoría necesaria para conseguir su aprobación en el Consejo y en el Parlamento.
Ante esta tesitura la solución no es fácil y desde luego proponer una solución milagrosa como están haciendo algunos me parece una ingenuidad. Me voy a limitar a describir lo que para mí son los 3 modelos básicos existentes en España en las primeras fases de la cadena y comentar lo que a mí juicio debería ser la estructura productiva y transformadora más conveniente para los próximos años.
En España un 60% de la producción está en manos de productores individuales que entregan su leche a la industria o a algún primer comprador independiente. Son los más vulnerables y hasta no hace mucho la mayoría entregaba la leche a sus clientes sin mediar contrato alguno, lo que permitía espirales de precios a la baja a la más mínima tensión del mercado, entre otras cosas porque ni la industria ni los intermediarios tenían compromisos previos, al menos formalizados, con los ganaderos.
El 40 % restante de la producción se entrega a través de cooperativas, pero en este grupo hay que distinguir dos modelos. El primero está formado por la mayoría de las cooperativas que agrupan la leche de sus ganaderos para venderla posteriormente a la industria. Mejoran la posición negociadora si los comparamos con el modelo anterior, pero siguen siendo muy vulnerables ante situaciones excedentarias y cuanto mayor es el volumen de leche que agrupan mayor es su vulnerabilidad porque se ven en la obligación de seguir recogiendo la leche de sus ganaderos y colocarla en el mercado, la mayoría de las veces a costa de la bajada de sus precios. Para este modelo puede resultar interesante constituir Organizaciones de Productores y Asociaciones de Organizaciones de Productores con el fin de agrupar un volumen significativo de leche que les permita gestionar su oferta ante situaciones adversas y tener así un cierto impacto en el mercado.
Otras cooperativas no sólo se limitan a concentrar oferta, sino que la transforman y llegan hasta el último eslabón de la cadena. El problema es que actualmente solo representan el 20% de la leche envasada. Este último modelo es el más avanzado, pero está claro que deben diversificar más sus productos, actualmente muy concentrados en la leche UHT, y diversificar también sus clientes, centrados casi exclusivamente en las cadenas nacionales. La internacionalización no es un proceso sencillo ni a corto plazo, requiere además una dimensión mínima. Por otra parte, la diferenciación es un elemento indispensable en todas las cooperativas, particularmente en las lecheras, porque si ésta no se alcanza la única posibilidad para mejorar la competitividad es la reducción del precio de compra a los ganaderos y esto es algo que las cooperativas deben evitar en la medida en que sus proveedores son también sus propietarios. Para todo ello se necesitan economías de escala y una dimensión que actualmente no tienen.
Este ha sido el camino emprendido por las cooperativas de países como Holanda, Dinamarca, Irlanda, Finlandia, los Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda. Para mí está claro que es el modelo a seguir, pero para poder alcanzarlo necesitamos al menos que se den 3 circunstancias fundamentales:
- Concentración de la oferta: que los ganaderos individuales (60% de la producción) decidan entregar su leche a través de cooperativas,
- Integración: que las cooperativas no transformadoras se integren en las cooperativas transformadoras y que éstas a su vez se integren entre sí o establezcan alianzas que les permitan alcanzar economías de escala con las que rentabilizar mejor sus inversiones para incorporar un mayor valor añadido e internacionalizarse.
¿Es posible?, espero que sí. Pongámonos a ello, porque si no lo hacemos seguiremos a merced de un mercado cada día más volátil y complejo, sufriendo los efectos de una volatilidad que siempre ha estado ahí, pero cuyo impacto se atenuaba a través de unos dispositivos de intervención públicos que hoy ya no tenemos.
Llegué a Bruselas con el Mercado Único Europeo. Era el 1 de enero de 1993. Recién incorporado a la delegación en Bruselas de la entonces Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) tenía inmensas ganas de aprender, la ilusión de los que empiezan y una gran dosis de ingenuidad que me hacía pensar que podía cambiar el mundo. Así, pregunté a un funcionario español con experiencia cómo se influía en las decisiones de las Instituciones Comunitarias. La respuesta fue muy clara y concreta: ”en Bruselas nunca se toma una decisión en contra de los intereses del país más afectado”.
Pasaron unos años y pude comprobar que así era. Para muestra la reforma de la OCM de Aceite de Oliva con Loyola de Palacio, quien bajo la perplejidad italiana pudo conseguir para España una Cantidad Máxima Garantizada de aceite de oliva de 720.000 toneladas, cantidad que hoy nos puede parecer ridícula, pero que en aquel momento era más que suficiente para cubrir una buena campaña. Siguieron pasando los años y la última reforma de la misma OCM de Aceite de Oliva se aprobó con el voto en contra de España. Había cambiado la Ministra, es cierto, y era una recién llegada Elena Espinosa, pero ahora, con la experiencia adquirida me atrevo a decir que lo que realmente había cambiado era Europa.
En estos momentos acabamos de estrenar una nueva “legislatura” en el Parlamento Europeo y tenemos un nuevo Colegio de Comisarios. Ya somos 28 Estados Miembros tras la incorporación de Croacia. La Unión Europea es cada vez más grande, pero también más compleja. Por ello debe definir claramente cual quiere que sea su papel en el mundo y establecer sus prioridades y objetivos. Las amenazas y los problemas en una economía global son enormes y la posibilidad de afrontarlos con una Europa fuerte y cohesionada son la mejor garantía para superarlos. Pero para que ello sea posible, deben cambiar muchas cosas. Lo primero tener una apuesta a largo plazo y una misma visión que anime a los Estados Miembros a remar en la misma dirección. No será nada fácil pero el coste de no hacerlo será enorme.
El problema planteado por el veto ruso pone a prueba a la UE, y sin entrar a valorar las decisiones políticas y geoestratégicas adoptadas, lo que es innegable es que las consecuencias las está sufriendo el sector agrario y, por tanto, los mismos que han tomado esas decisiones deberán habilitar mecanismos para compensar los efectos negativos inducidos. La PAC no está preparada para ello y pretender que el fondo de crisis, con una dotación anual de 400 M€, atienda el impacto de un cierre que afecta a una exportación valorada en más de 5.000 M€, eso es no estar a la altura de nuestras propias decisiones.
En definitiva, el veto ruso será la primera prueba para esta nueva etapa institucional, si no se supera con éxito, nos podemos temer lo peor.
Acaba de salir a la luz el nuevo número de Mediterráneo Económico editado por CAJAMAR y dedicado esta vez a las cooperativas agroalimentarias. Es un libro que tuve el honor de coordinar y en el que han participado los mejores expertos, tanto nacionales como internacionales. El libro está dividido en varios bloques partiendo de un enfoque internacional, a partir de los estudios recientemente publicados por la UE y donde han participado profesores de la Universidad de Wageningen, y que descienden a los problemas y desafíos más concretos del cooperativismo agroalimentario español. Aborda las cuestiones clave, desde el análisis del cooperativismo en los principales países desarrollados (USA, Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y la UE), hasta cuestiones tan importantes como la internacionalización, la aplicación del derecho de competencia en el sector, las nuevas leyes de mejora de la cadena y de integración cooperativa, etc. Hemos contado con los mejores que han expuesto libremente sus ideas lo que nos ha permitido elaborar un compendio extraordinariamente completo y actualizado.
Está hecho no solo para la reflexión, sino para que nos ayude a tomar decisiones en un momento de cambio extraordinariamente apasionante, con enormes retos, pero también con grandes oportunidades. De hecho el libro pone de manifiesto que las cooperativas, lejos de ser modelos empresariales obsoletos, están protagonizando en muchas ocasiones los grandes cambios en el sector agroalimentario mundial y contemplan la globalización desde una estrategia claramente ofensiva, conscientes de que en un mercado con demanda creciente son más las oportunidades que las amenazas. De hecho, el libro deja ver que la agricultura mas desarrollada y orientada al mercado se encuentra en los países más desarrollados donde las cooperativas están mas implantadas y cuentan con estructuras bien dimensionales y extraordinariamente profesionalizadas. Recomiendo su lectura porque se pueden extraer muchas conclusiones, tal vez la principal es que nos dice por donde va el mundo y nos permite visualizar mucho mejor hacia donde debemos ir nosotros.
Para descargarte el estudio pincha aqui
Buena lectura.
Ha llegado la hora de la letra pequeña y, como dicen los anglosajones, "the devil is in the details", o sea, el demonio esta en los detalles, dicho en cristiano; el problema está en la letra pequeña. ¿A qué nos referimos?, a la reforma de la PAC y a nuestra ley de integración cooperativa.
Si bien todos hemos valorado las grandes líneas de estas importantes iniciativas legislativas ahora toca posicionarnos sobre los detalles que, al fin y al cabo, son los que marcaran el funcionamiento y aplicación de ambas reglamentaciones. Por una parte la reforma de la PAC nunca ha dado tanta capacidad de maniobra a los Estados miembros para que decidan quienes, cuanto y como se distribuyen las ayudas comunitarias y, al final, tras el reparto entre Estados miembros, mucho nos tememos que más que buscar como objetivo la mejora de la posición del agricultor en un mercado que Bruselas decidió liberalizar hace tiempo, se persiga exclusivamente el status quo, lo cual es puro inmovilismo ante un mercado y una situación nueva y que nada tiene que ver con el pasado.
La Ley de Integración Cooperativa es todo lo contrario, pretende integrar la estructura comercializadora y concentrar la oferta para mejorar nuestra posición en un mercado dominado por la gran distribución. Una nueva etapa en la que para impulsar la integración se define un modelo de empresa como referencia y la que alcanza a cumplir los parámetros exigidos recibe la calificación de Entidad Asociativa Prioritaria, de tal forma que se le concede un plus en el acceso a subvenciones públicas tanto nacionales como comunitarias. Esta Ley ha sido demandada por las propias cooperativas, ha recibido el apoyo de todo el arco parlamentario, (lo cual no es nada usual), y del sector, pero el problema es que ahora tocan dos cosas: decidir “quién y cuanto”. En el primer caso, “quien”, va a ser una decisión que debe ir en coherencia con los objetivos que nos proponemos: alcanzar una relevancia en el mercado que hoy no tenemos. Lo segundo, “cuanto”, es responsabilidad del Ministerio y de las CCAA, pero debemos recordar que el presupuesto es limitado y cuantos más a menos toca y lo que es peor todavía, más se aproximará la situación final a la actual y, en consecuencia, más nos alejaremos de los objetivos iniciales de integración. Y cuantos menos, más recursos y más coherencia, pero más quejas habrá por parte de los que no puedan recibir la calificación de prioritarias.
Es la hora de la verdad y el corazón y la cabeza deben ser coherentes, miremos al mercado y veremos que si no se alcanza la relevancia que pretendemos de poco servirán las subvenciones a las inversiones que recibamos, incluso puede ser peor el remedio que la enfermedad y nos hipotequemos más de lo que podemos permitirnos En cambio si lo hacemos bien, habremos aprovechado una oportunidad que es difícil que vuelva a repetirse en el futuro.
Acabo de regresar del IX Congreso de organizado en Castelldefels por la Asociación Española de Economía Agraria. Participé en una mesa redonda sobre el I+D+i en el sector agroalimentario donde salieron a relucir cuestiones muy interesantes que me gustaría compartir con vosotros.
Lo primero que debemos tener claro es que la incorporación de la innovación en la estrategia de la empresa debe ser fruto de una mentalidad compartida por todos los que la integran, porque todos deben estar predispuestos a innovar y, por supuesto, a aceptar la innovación como una mejora constante y permanente.
Lo segundo es que la propensión a innovar crece cuanto mayor es la orientación al mercado por parte de la empresa y, sobre todo, si existen relaciones estables con los proveedores y con los clientes, en la medida en que la transferencia de información y del conocimiento fruto de la especialización de cada una de las partes permite no sólo la identificación de las áreas para la innovación, sino además la obtención y el aprovechamiento más rápido de los resultados por ambas partes.
Las dos áreas que tradicionalmente cubre la innovación en las empresas agroalimentarias son la relativa a la innovación en procesos y la innovación en productos. La primera permite mejorar la eficiencia y la segunda está más orientada a la diferenciación de productos, formatos y presentaciones. Por eso es tan importante que en una empresa haya una mentalidad innovadora, para que se atiendan ambas vertientes, lo que sin duda redundará en beneficio de la competitividad, mejorando la eficiencia (gastos) y diferenciando los productos (ingresos).
Otra de las cuestiones destacadas fue el impacto de la crisis en la innovación. Según algún estudio recientemente publicado se ha producido una reducción de la inversión en innovación desde 2007 hasta la actualidad. Sin embargo, en las encuestas que hemos realizado en Cooperativas Agroalimentarias a nuestras cooperativas ha sucedido todo lo contrario, incrementándose la participación de las cooperativas en proyectos en innovación en casi un 5% desde 2008. Además, según nuestros datos, la propensión innovadora crece con la dimensión de la cooperativa, de tal forma que un 57% de las cooperativas con facturación superior a los 60 millones de € participan en proyectos de innovación y si son de segundo grado un 64,7%. En esta misma encuesta hemos identificado además que el 28,6% de las cooperativas cuya facturación supera los 60 millones de € cuentan con departamento de I+D+i, porcentaje que sube al 35,3% si se trata de cooperativas de segundo grado.
En definitiva, la crisis agudiza el ingenio porque nos obliga a ser más eficientes y diferenciarnos de nuestros competidores. Por ello la innovación es más necesaria que nunca, pero exige conocimiento y mentalización.
Acercar las empresas a los investigadores y los investigadores a las empresas y romper esos dos mundos que siguen existiendo en España y que, afortunadamente el tiempo y la crisis los están uniendo, sigue siendo absolutamente necesario. No es posible que los investigadores no estén en contacto con la realidad de las empresas y viceversa. Holanda, Bélgica, Francia, etc, son buenos ejemplos de que empresa e investigación no se entienden una sin la otra, resultando difícil la mayoría de las veces diferenciarlas de lo imbricadas que están. La reducción de los recursos públicos y la mejora continua de la eficiencia de nuestras empresas justifican hoy más que nunca una optimización y racionalización de los recursos existentes y que en los últimos años proliferaron hasta cierto punto sin demasiada lógica.
Finalmente, como no podía ser de otra forma en un Congreso de Economía, la innovación nunca se puede contemplar como un gasto, sino como una inversión, lo cual no quiere decir que no esté prevista en los presupuestos anuales de las empresas, al contrario, sino que debemos concebirla como una apuesta decidida por el futuro sin la cual no podremos sobrevivir. La empresa que no innova o no está dispuesta a hacerlo, está firmando su sentencia de muerte, porque en un mundo tan competitivo sólo van a sobrevivir los más eficientes y con mayor capacidad de anticipación.
La Reforma de la PAC es el primer gran dossier comunitario que estrena el proceso de codecisión del Parlamento Europeo. Tras la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, el Parlamento ya no se limita a emitir un dictamen no vinculante como sucedía en el pasado, sino que tiene la facultad intervenir en el proceso de toma de decisiones con el Consejo y la Comisión. Este avance debería entenderse como un paso más en la construcción europea y pretende dar más poder a la Eurocámara que, hasta la fecha, ha sido más una institución consultiva que un órgano legislativo como correspondería a un Parlamento.
Desde el punto de vista del sector agroalimentario, al menos en lo que respecta a Cooperativas Agro-alimentarias de España, debemos decir que nos lo creímos y apostamos por ello, conscientes de las dificultades pero también de la gran oportunidad que se nos brindaba en la medida en que podríamos transmitir, a través del Parlamento Europeo, nuestras inquietudes y nuestros planteamientos al Consejo y a la Comisión en un escenario de negociación nuevo y mucho más democrático. De hecho, tanto Cooperativas Agro-alimentarias de España como el COPA-COGECA valoramos positivamente los dictamines aprobados por el Parlamento Europeo, por considerarlos más próximos a los planteamientos del sector que las propuestas del Comisario Ciolos.
Pero desgraciadamente tengo la impresión de que los hábitos adquiridos en la UE en los 50 años de existencia son difíciles de modificar y la intención del Consejo y de la Comisión de negociar las propuestas emanadas del Parlamento son más bien escasas, por no decir nulas. Esta sensación la tuve la semana pasada en Bruselas, cuando uno de los ponentes de la reforma de la PAC se lamentaba amargamente ante la imposibilidad de abrir líneas de negociación con la presidencia irlandesa, incluso nos revelaba la negativa de la Comisión a facilitarle la información que le estaba requiriendo. El eurodiputado explicó que el presidente del Consejo, el ministro irlandés de agricultura Simon Coveney, consideraba que el acuerdo político alcanzado el pasado mes de marzo en el Consejo de Agricultura estaba pillado con alfileres y, en consecuencia, el margen de maniobra para introducir las propuestas del Parlamento era prácticamente nulo. De hecho, el parlamentario nos comentó que la práctica totalidad de sugerencias realizadas caían en saco roto. La impotencia del Parlamento llega hasta tal punto que existe la amenaza de no ratificar el acuerdo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno alcanzado el pasado mes de febrero sobre las perspectivas financieras de la UE, lo cual supondría la parálisis del proceso de reforma de la PAC.
Así las cosas, podría pasar de todo: no cumplirse el calendario previsto y no alcanzar un acuerdo antes de la finalización del mes de junio; trocear la reforma y que sólo se aprueben los reglamentos que suscitan un mayor consenso; e incluso alcanzarse un acuerdo. No hacerlo supondría un fracaso estrepitoso del proceso negociador y se complicaría el proceso de reforma ante la convocatoria de elecciones previstas en Alemania para el próximo mes de septiembre.
Esta situación ha provocado el pánico y el presidente del COPA ha recriminado al Parlamento su amenaza de no ratificar las perspectivas financieras y complicar la discusión en el Consejo para la reforma de la PAC. Todo parece indicar que para nuestros vecinos del Norte más vale una mala reforma que una no reforma. Yo no soy de esa opinión y creo que una reforma a cualquier precio no se justifica ni ante el sector ni ante la sociedad. Pero mucho me temo que al final, como siempre, habrá acuerdo antes de que finalice la presidencia irlandesa. Lo peor vendrá después, cuando haya que convertir el acuerdo político en modalidades de aplicación, un acuerdo cogido con alfileres, donde los puntos oscuros no se han concretado por falta de compromisos precisos. Y lo peor no habrá terminado en Bruselas, vendrá cuando haya que trasponer la legislación comunitaria en España y veamos las dificultades que entraña la convergencia interna, la regionalización, la ausencia de instrumentos de regulación de marcado acordes con la volatilidad actual de los precios, cuando veamos que todo lo relativo al reequilibrio de la cadena se queda en una mera declaración de intenciones y la CNC seguirá capando a sus anchas.
Ante esta situación quiero reconocer la labor del Parlamento Europeo, al menos en lo que respecta a la reforma de la PAC, que ha sido mucho más estratégica que los debates desarrollados entre el Consejo y la Comisión, donde el “sálvese quien pueda” ha sido a norma imperante. Por ello, no puedo más que lamentar lo que está sucediendo y seguir apoyando una construcción europea más ambiciosa, donde compartamos una visión de futuro y rompamos de una vez los egoísmos cortoplacistas.
Lo dicho, la codecisión, a pesar de estar escrita en el Tratado de Lisboa y contar con el aplauso de todos, se puede quedar en un espejismo, en una declaración política que poco tenga que ver con la realidad, lo mismo que sucede con los principios inspiradores de la PAC: garantía de rentas, seguridad de abastecimiento, preferencia comunitaria,.....que se han mantenido en el Tratado, pero que, a juzgar por los hechos, están corriendo la misma suerte que la codecisión del Parlamento Europeo.
“Es la peor reforma de la PAC jamás concebida...”, esta afirmación tan contundente se pronunció en varias ocasiones en el Presídium de la COGECA celebrado el pasado 18 de abril en Bruselas. Lo sorprendente no es la afirmación en sí, sino que hacía referencia a varias intervenciones en el Parlamento Europeo, no sólo por parte de los eurodiputados, sino por parte de los representantes de organizaciones ecologistas y del propio sector. En definitiva, es una reforma que no gusta a nadie. Los ecologistas se sienten defraudados porque el greening presagiaba una ecologización de la PAC que según los propios ecologistas se ha quedado en agua de borrajas tras los debates en el Consejo y en el Parlamento.
La visión de los eurodiputados es también crítica, pero por motivos diferentes; consideran que la falta de flexibilidad de la Comisión ante los planteamientos del Parlamento no se corresponde con el procedimiento de codecisión y poco menos que está ninguneando a la Eurocámara.
Para los representantes del los productores y de las cooperativas la crítica es de mayor calado. Consideran que la reforma no obedece a las necesidades presentes y futuras del sector agrario y agroalimentario. De hecho, los debates se han centrado en los pagos directos, pero no se ha avanzado prácticamente nada en la OCM Única que es donde se abordan las cuestiones relacionadas con la regulación del mercado y el reequilibrio de la cadena, aspectos todos ellos que influyen en 70% de la renta de la mayoría de los productores. Sin embargo, la Comisión y los Estados miembros se han centrado en los pagos directos con el fin de alcanzar un compromiso político defendible en cada uno de ellos. Esto les ha llevado a aceptar dos principios: la convergencia externa de las ayudas y la convergencia interna. La convergencia externa ha supuesto una modificación en los flujos presupuestarios entre Estados miembros, circunstancia que nos ha beneficiado al tener unas ayudas a la hectárea inferiores a la media comunitaria, pero la convergencia interna la van a tener que hacer los propios países en base a una regionalización que, en la práctica, va a ser a la carta y tampoco va a conseguir una verdadera convergencia de ayudas entre productores, sino que pretende consolidar el status quo en su distribución. En la práctica la PAC va a dejar de ser común y eso supone un grave riesgo para su permanencia, en la medida en que cuando una política deja de ser común, no tiene sentido que se financie con el presupuesto comunitario.
Lejos quedan aquellos tiempos en que todos aplaudían la Comunicación del Comisario Ciolos para la reforma de la PAC, entre otras cosas porque todos se veían en la foto. Ahora parece todo lo contrario; expectativas truncadas y una sensación de distanciamiento con las necesidades presentes y futuras de un sector que debe seguir siendo un motor económico de primer orden.
Ninguna reforma de la PAC se ha planteado en un escenario tan complejo como el actual; un contexto de crisis económica sin precedentes, una UE ampliada a 27 Estados miembros extraordinariamente heterogéneos (tanto en lo político como en lo económico), una ausencia de liderazgo claro en la UE, y en particular en la Comisión, la instauración del procedimiento de codecisión del Parlamento Europeo y, por si esto fuera poco, o tal vez como consecuencia de lo anterior, una propuesta del comisario Ciolos rompedora, redactada con la pretensión de redistribuir las ayudas de la PAC entre Estados miembros y entre productores e introducir unas exigencias medioambientales (greening) con el fin de encontrar el respaldo de la sociedad que no encontró en sus colegas del Colegio de Comisarios y, sobre todo, en los países detractores de la PAC.
La propuesta del Comisario, de llegar a aprobarse en su integridad, hubiera supuesto una reconfiguración sustancial de los pagos directos especialmente grave en España debido a su diversidad productiva, difícilmente compatible con la tasa plana y la convergencia propuesta por el comisario Ciolos.
En este sentido, hay que reconocer el esfuerzo y la estrategia realizada por el Ministerio de Agricultura que identificó rápidamente los puntos más sensibles y, con una política de alianzas eficaz, consiguió neutralizar la propuesta del Comisario. Por ello hay que valorar el acuerdo político alcanzado esta semana en el Consejo de Ministros, donde España consiguió sus objetivos fundamentales: limitar la superficie elegible para aproximarla a los 22 millones de Has (similar a la existente en la actualidad), beneficiarse de la convergencia externa (que nos beneficia como país al tener una media de pago único por hectárea inferior a la comunitaria) y acotar la convergencia interna, de tal forma que haya un reequilibrio más ajustado a la realidad productiva y no se produzcan graves alteraciones entre productores con respecto a la situación actual.
También se ha conseguido flexibilizar la aplicación del “greening”, especialmente preocupante para los cultivos permanentes, e incrementar el límite para los pagos acoplados al 12%, cuestión fundamental para la ganadería extensiva y algunos cultivos industriales.
En cuanto a las cuestiones de carácter sectorial, se prorroga obligatoriamente el sistema actual de derechos de plantación del viñedo hasta el 31 de diciembre de 2018 y se incorporan las conclusiones del Grupo de Alto Nivel que van a permitir mantener hasta 2024 un sistema de limitación de derechos. Esta ha sido una demanda fundamental de los productores que neutraliza la tendencia liberalizadora implantada en los últimos años en la UE. También el azúcar consigue mantener durante dos años más el sistema actual de cuotas que pretendía suprimir la Comisión en 2015.
En definitiva, el Consejo y en particular el Ministerio de Agricultura español, han conseguido atenuar las consecuencias que se podrían derivar de la aplicación de una propuesta de la Comisión que nunca debería haber visto la luz y que, lejos de atender los nuevos retos alimentarios y potenciar la mejora de la productividad y competitividad del sector, potenciaba una agricultura de corte más medioambiental y paisajista que económico.
También hay que destacar la introducción de la coexistencia de programas nacionales de desarrollo rural con programas regionales. Esta ha sido una demanda fundamental hecha desde Cooperativas Agro-alimentarias de España para potenciar la integración supra-autonómica y que fue defendida por el ministro Arias Cañete a pesar de no contar al principio ni con el apoyo de la Comisión ni de otros Estados miembros, pero con el tiempo fue ganando adeptos y perdiendo detractores hasta quedar plasmada en el acuerdo político del Consejo. Otro de los aspectos a valorar es el incremento de la intensidad de las ayudas a las inversiones que soliciten las OPs fusionadas y que conlleven un incremento del 35% de su volumen de comercialización o del número de socios. Esto último será sin duda un estímulo para la puesta en marcha de la Ley de Integración Cooperativa y que debemos valorar en su justa medida.
El capítulo más abierto es el relativo a la OCM Única en lo referente a la organización y vertebración del sector (Organizaciones de Productores, Asociaciones de OPs e Interprofesionales). Este es un aspecto clave para conseguir el reequilibrio de la cadena agroalimentaria que para Cooperativas reviste especial importancia. Lo mismo sucede con los instrumentos de regulación de mercado, donde países como España y otros 7 Estados miembros han firmado una declaración conjunta defendiendo la necesidad de actualizar los precios de referencia para la activación del almacenamiento privado y la intervención, de tal forma que tengan en cuenta la evolución de los costes productivos. Ambas cuestiones, las Organizaciones de Productores y la regulación de mercado, encuentran posiciones antagónicas en el Consejo.
Vertebración del sector
Por una parte los países del Norte no quieren hablar ni de vertebración del sector (porque ya están vertebrados) ni de regulación del mercado, entre otras cosas porque sus empresas están muy internacionalizadas y encuentran en los países emergentes un refugio para sus excedentes coyunturales. Sin embargo, para España y para los países del Sur, ambas cuestiones son fundamentales para conseguir un equilibrio de fuerzas entre la producción, la industria transformadora y la gran distribución. En este sentido hay que valorar que se haya conseguido mantener el reconocimiento obligatorio para las Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas, vino y leche, siendo potestad de los Estados miembros abrir el reconocimiento para los demás sectores.
Siguiendo con las Organizaciones de Productores, es interesante que se les haya concedido la capacidad para acordar una extensión de norma con fines relativos a la sanidad animal, vegetal y la seguridad alimentaria, si bien nos gustaría que prosperase en el trílogo la propuesta del Parlamento Europeo, más ambiciosa, y que permitiría a las OPs y sus Asociaciones retirar coyunturalmente producto del mercado sin necesidad de que tengan que existir problemas de carácter sanitario.
En definitiva, la valoración del resultado del Consejo es, en términos generales, positiva, sobre todo si tenemos en cuenta la diferencia de intereses existentes en la UE y que la propuesta de la Comisión venía francamente mal colocada. Si a esto añadimos los problemas y limitaciones comentados al principio, el esfuerzo de la delegación española es, si cabe, más importante.
Y ahora qué
Quedan ahora dos etapas pendientes: la primera es el cierre de la reforma y la segunda su aplicación en España. En cuanto a la primera, somos ligeramente optimistas porque la incorporación del Parlamento debería mejorar los flecos pendientes, entre otras cosas porque el dictamen del PE va más allá en determinados aspectos que el acuerdo político alcanzado en el Consejo. En cuanto a la segunda somos menos optimistas. Es evidente que aunque se ha conseguido atenuar el impacto de la convergencia interna propuesta inicialmente por la Comisión, no es menos cierto que las referencias históricas han terminado y para que no haya modificaciones sustanciales en los pagos recibidos entre regiones, sectores y productores es necesario realizar un ejercicio de creatividad extraordinario a la hora de definir las “regiones homogéneas”. Y es que el principal problema es que el agricultor considera el pago único como un derecho histórico, con todo lo que eso significa: un derecho adquirido y permanente.
Por todo ello, en Cooperativas Agro-alimentarias de España nos hemos concentrado en demandar instrumentos y medidas que permitan al productor mejorar su posición en el mercado y así mejorar su renta sin depender tanto de los pagos directos. Para ello es muy importante que se definan bien los criterios de calificación de las OPs y sus atribuciones, dejándolas cubiertas y amparadas de la actuación de las Autoridades de Defensa de la Competencia, al tiempo que confiamos que la coexistencia de un programa de desarrollo rural nacional con los regionales y los incentivos a las fusiones e integraciones de OPs sean un estímulo para la fusión e integración de nuestras cooperativas. Si finalmente conseguimos que la reforma permita reforzar los estímulos para la mejora de la competitividad y la vertebración y estructuración económica del sector, daremos por buena una reforma que originalmente tenía muy mala pinta y que, entre todos, habremos conseguido enderezar.
La semana pasada se celebró en Budapest el Congreso del COPA-COGECA que giró en torno a la próxima reforma de la PAC y al Año Internacional de las Cooperativas. Sin pretender hacer una descripción pormenorizada de las múltiples intervenciones de los ponentes y participantes, sí me gustaría compartir algunas de las cuestiones planteadas e incluso aquellas que podría calificar de conclusiones.
1. Por primera vez se observa un cierto optimismo en el sector. Evidentemente existen notables diferencias entre la parte ganadera y la agrícola, pero el tirón de la demanda presente y futura en los mercados internacionales, y en particular en las economías emergentes, ha creado expectativas favorables que han convertido al sector en protagonista en los mercados y en las instituciones internacionales.
2. Se ha perdido el miedo a hablar de la biotecnología y en particular de los organismos transgénicos. Cada vez más organizaciones se manifiestan abiertamente favorables a su desarrollo en la UE y critican las limitaciones actuales en un mercado global donde es imposible competir dando la espalda a la biotecnología.
3. La UE debería cambiar el rumbo de la PAC. Surgen cada vez más voces que califican la PAC de obsoleta, que no da respuesta a las necesidades del sector ante un mercado cada día más volátil, abierto y desequilibrado. No obstante, sigue habiendo una gran inercia del pasado que pesa no sólo en las instituciones comunitarias, sino también en el propio sector que prefiere malo conocido que bueno por conocer y, sobre todo, teme que sus críticas puedan ser utilizadas por los detractores de la PAC y de su presupuesto.
4. El presupuesto de la PAC amenazado. El comisario reconoce las tensiones existentes y da a entender que va a haber un recorte a sus propuestas, pero insiste en la necesidad de que se mantenga tanto en el primer pilar como en el segundo, este último altamente vulnerable si tenemos en cuenta que es cofinanciado por los Estados miembros y, en consecuencia, esta opción podría recibir el aplauso de muchos de ellos que se ven incapaces de aprovechar el presupuesto comunitario.
5. La volatilidad de los precios agrarios es una amenaza que no encuentra respuesta en la reforma de la PAC. Todos coinciden en que ha venido para quedarse, pero nadie propone ninguna medida concreta. Se considera que es un problema global que debería contar con instrumentos globales acordados en las instituciones internacionales y, en particular, en la OMC. La gestión de la oferta por parte del propio sector se apunta como un mecanismo preventivo que requiere un alto grado de integración para que sea efectiva y su compatibilización con el Derecho de Competencia, lo cual implica necesariamente que se recoja de forma explícita en la reforma de la PAC.
6. OPs e Interprofesionales deberían tener un papel más importante en la futura PAC. Esta es una idea del Comisario Ciolos compartida por los países del Sur de la UE pero que encuentra difícil encaje en una UE muy heterogénea donde los nuevos Estados miembros no tienen ninguna experiencia y los nórdicos no la necesitan porque ya están integrados. Precisaría además, como se ha comentado anteriormente, una seguridad jurídica que permitiese quedar a salvo de Competencia.
7. El principio de equivalencia. El comisario adelanta su predisposición a que aquellas prácticas que vayan más allá de la condicionalidad puedan ser reconocidas a efectos de cobrar la parte de ayudas correspondientes al greening. En este sentido está abierto a las sugerencias que se puedan hacer desde el sector o por los propios Estados miembros,
8. Convergencia de las ayudas de la PAC. El comisario se manifiesta partidario de que las ayudas por Ha que se apliquen a un mismo sector se vayan igualando, tanto entre Estados miembros como entre diferentes regiones de producción. Sabe que es un tema extremadamente delicado, por ello se manifiesta abierto y flexible, pero deja clara su voluntad de que las referencias históricas no puedan ser utilizadas sine die, incluso explicita su disconformidad con ellas y advierte que plantean situaciones tremendamente injustas entre productores.
9. Desequilibrio de la cadena. Hay coincidencia en su existencia, pero dificultades para encontrar o proponer medidas que lo resuelvan. Ha quedado claro que los códigos de buenas prácticas de carácter voluntario no son suficientes para evitar actuaciones de abuso, pero tampoco hay unanimidad para apoyar iniciativas legislativas de ámbito comunitario y mucho menos para acordar el contenido de las mismas. La razón estriba en el impacto desigual de la integración de las grandes cadenas de distribución en el sector ya que la respuesta en los países del Norte de la UE ha ido en la misma dirección, creando grandes cooperativas que se han convertido en operadores globales, razón que les ha permitido contar con un poder de negociación mejor que en el Sur de la UE. En este sentido, países como Dinamarca, Holanda, Suecia, etc. son más reacios a cualquier intervención de las Administraciones, mientras que en los países del Sur las consideramos indispensables.
10. Apoyo a las cooperativas agroalimentarias. en el Congreso se ha manifestado un apoyo claro y decidido a las cooperativas como fórmula más adecuada para mejorar las rentas de los productores. En la actualidad existen 38.000 cooperativas en la UE, facturan 360.000 millones de €, asocian a 7 millones de productores y dan empleo directo a 660.000 personas. Entre 2003 y 2008 las 25 cooperativas de mayor dimensión han incrementado su facturación en un 38%. El top 30 tiene un volumen de negocios por cooperativa superior a los 1.000 millones de € y se han convertido en líderes mundiales en sus respectivos sectores. El valor añadido por las cooperativas duplica el valor de las materias primas entregadas por sus socios.
Una vez más se ha puesto de manifiesto que el camino más corto entre dos puntos no es necesariamente la línea recta. No me cabe duda de que el comisario Ciolos quiere lo mejor para la Política Agraria Común, PAC, incluso para los agricultores, aunque a veces resultan difíciles de entender sus métodos y propuestas.
El viernes pasado tuve la ocasión de asistir, que no de participar, en un seminario organizado por el comisario de agricultura sobre la próxima reforma de la PAC. Y una vez más, es el segundo seminario al que asisto de la era Ciolos, la participación del sector (productores, cooperativas, industria agroalimentaria) ha pasado prácticamente desapercibida. Universidad, institutos de investigación, organismos internacionales, instituciones comunitarias, fundaciones medioambientalistas destacaron muy por encima de los representantes del sector.
Por ello no es de extrañar que los temas más citados fueron el “greening” y la sostenibilidad de la actividad agraria. Afortunadamente, la sostenibilidad, fue definida por el Director General Adjunto de la DG AGRI, Pacheco, en sus tres vertientes: económica, social y medioambiental, aunque la mayoría de los demás intervinientes se concentraron sólo en esta última.
Tras toda una jornada escuchando argumentaciones que poco tenían que ver con la realidad agroalimentaria y, sobre todo, tras las intervenciones de los directores de la DG AGRI y la clausura del Comisario Ciolos, me di cuenta de que el objetivo del seminario no era otro que la justificación del mantenimiento de la PAC. Los representantes del sector fuimos mero “paisaje rural”, porque el seminario iba dirigido a los actores más críticos con el sector, a los que cuestionan incluso la existencia de una Política Agraria Común y buscaba el apoyo del mundo universitario, la investigación y de aquellos medioambientalistas que consideran el “greening” como un cambio en la buena dirección.
La primera conclusión a la que uno llega es que si el legislador europeo debe convencer a estas organizaciones de la necesidad de mantener una agricultura activa en la UE que, entre otras cosas, les alimenta, algo grave está pasando. No pongo en duda la necesidad de escuchar a todos, pero el legislador debe diferenciar claramente entre quienes representan una sensibilidad, y entre quienes representamos una realidad económica, social y territorial avalada por millones de agricultores y miles de empresas que viven de una actividad tan digna y necesaria como la agricultura y la alimentación.
Por otra parte, la agricultura europea y el conjunto de industrias que componen el sector agroalimentario, constituyen sin duda el colectivo más respetuoso con el medio ambiente de todos los sectores económicos. En los últimos años han realizado un esfuerzo ingente por mejorar las técnicas productivas y hacerlas más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, a pesar de que el mercado no les recompensa el esfuerzo realizado, lo que pone de manifiesto que una cosa son los discursos y otra muy diferente la cruda realidad.
Desde mi punto de vista el objetivo del seminario no fue provocar un debate, sino crear un clima favorable a la reforma de la PAC con vistas a la próxima discusión sobre las perspectivas financieras de la UE. De hecho no hay más que mirar los tres grupos de trabajo que enmarcaron las jornadas: el papel de la PAC en el abastecimiento alimentario, su contribución a la cohesión y desarrollo territorial y, finalmente, su papel en la conservación de los recursos naturales.
La representación del COPA-COGECA en las mesas fue prácticamente invisible y, en particular, en el grupo de trabajo sobre seguridad de abastecimiento los ponentes fueron representantes de la universidad, FAO y la propia DG Agri.
Para mí la intervención más coherente la hizo el representante de la OCDE, Ken Ash, quien centró su ponencia en la pérdida de competitividad de la agricultura y de la industria agroalimentaria europea desde 1993. El incremento de las importaciones, la reducción de las exportaciones, de los precios internos y de las rentas de los agricultores comunitarios han ido acompañados de un incremento en los precios internacionales y de un crecimiento de la cuota de mercado de países como Brasil, Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos... En consecuencia, Ash se preguntaba sobre si las sucesivas reformas de la PAC habían ido en la buena dirección y, sobre todo, si las propuestas actuales habían tenido en cuenta el nuevo escenario mundial y los desafíos a los que se enfrenta la agricultura comunitaria en un mercado global.
Creo que la Comisión intenta la cuadratura del círculo, buscando consensos imposibles entre las diferentes posiciones existentes en los Estados Miembros; unos defendiendo el status quo y otros un cambio radical, los que proponen una orientación más medioambientalista y los que consideran que hay que incrementar la productividad y evitar sobrecostes que nos hacen perder competitividad, los que abogan por una mayor regulación de los mercados y quienes defienden una liberalización total,....
En definitiva, lo que tenemos en Europa es un problema de gobernanza y pretender quedar bien con todos es misión imposible. La Comisión debe ser coherente con las necesidades y la realidad del mercado actual y futuro, los demás lo están haciendo de forma decidida y nosotros todavía andamos con seminarios intentando justificar una política que empieza a no gustar a casi nadie.
Escribo cuando todavía estoy regresando de Bruselas con las ideas frescas y una cierta envidia de nuestros colegas del Norte, y no me refiero a la crisis económica, sino a sus relaciones con las cadenas de la Gran Distribución.
Me explico. Este jueves hemos discutido en la Confederación de Cooperativas de la UE, (COGECA), el documento elaborado por el Foro de Alto Nivel que pretende contribuir a mejorar las relaciones comerciales de la cadena agroalimentaria europea, conscientes de que existe un desequilibrio de fuerzas favorable, en la inmensa mayoría de los casos, a la Gran Distribución. Este Foro recibe el calificativo de “alto nivel” porque está liderado por varios comisarios europeos; Tajani (Industria y Empresa), Barnier (Mercado Interior y Servicios), Dalli (Salud y Consumo) y, finalmente Ciolos (Agricultura). Además, participan funcionarios de alto nivel de diversos Estados miembro y los representantes de la cadena agroalimentaria: agricultores y cooperativas, industria agroalimentaria y comercio. Pues bien, tras largos meses de debate llegaron a redactar un documento de 13 páginas donde el “compromiso” que proponen es la redacción de un código de buenas prácticas de carácter voluntario.
Lo que más me ha sorprendido no es que llegasen a ese “compromiso” donde se describen una serie de actuaciones que deberán ser respetadas por las partes que voluntariamente lo hayan suscrito, sino la posición de mis colegas del Norte de la UE.
Por partes. Mi argumentación fue que si partimos de la existencia de un desequilibrio en la cadena agroalimentaria provocada por el abuso de poder de la Gran Distribución, un código de buenas prácticas de carácter voluntario no iba a servir para nada. Mi propuesta, en la línea de los trabajos realizados en España con OPAs, FIAB y Cooperativas Agro-alimentarias de España, consistía en la identificación y prohibición de las prácticas de abuso y el establecimiento de un Organismo Supervisor que actuase de oficio y con capacidad sancionadora. Este Organismo no necesitaría ninguna denuncia para actuar, entre otras cosas porque los proveedores nunca se han atrevido a denunciar a sus clientes ante el temor a perderlos, sino que actuaría por propia iniciativa. Mi posición fue apoyada de forma explícita por Italia y Portugal, e implícitamente se sumaron otras delegaciones de la “periferia” europea. Francia entendió mis argumentos, pero consideraba que el documento era un paso en la buena dirección y que podría recibir su apoyo.
Alemania expuso que el documento también podría recibir su apoyo, pero advirtió que no querían que se alterase la legislación existente en Alemania con la que se sentían cómodos. Pero me voy a detener en la posición danesa. Las cooperativas de este país consideran que no hay que hacer nada, el mercado debe actuar libremente y la Administración no debe inmiscuirse en las relaciones comerciales entre operadores. Argumentan que sus cooperativas bastante problema tienen con las Autoridades de Competencia que, a menudo, consideran que actúan en una posición de dominio porque controlan la práctica totalidad de la producción agroalimentaria danesa. Finalizan su argumentación recalcando que tienen unas buenas relaciones con sus clientes, por lo que no precisan ninguna supervisión de la Administración.
¿Qué tienen los daneses que nosotros no tenemos?. Apenas una docena de cooperativas que facturan 20.520 millones de € y agrupan la práctica totalidad de la producción agraria y la producción agroindustrial del país.
Finalmente, no ha habido acuerdo y el documento presentado por el Foro de Alto Nivel no ha sido aprobado por la COGECA (Confederación de Cooperativas de la UE), pero sigo pensando que para el reequilibrio de la cadena agroalimentaria no solo son necesarias leyes, sino políticas y estrategias que permitan concentrar la oferta e integrar la comercialización. Otros lo han hecho en su día y, por lo visto, les va bastante mejor que al resto.
Desde hace varios meses diversas personas están intentando persuadirme para que me lance a publicar un blog donde recoja mis impresiones, opiniones, o simples reflexiones relacionadas con mi experiencia profesional y, sobre todo, mi visión sobre el presente y el futuro de la actividad y política agroalimentaria. He de decir que al principio sentí un poco de pereza, incluso vértigo al enfrentarme por primera vez al mundo de las redes sociales y la interacción que ello comporta, incluso algo que es todavía peor; el fracaso que supondría el silencio, la ausencia de respuesta.
Finalmente he decidido dar este paso porque me apetece y porque me veo también en la obligación de compartir mis experiencias en una red como Chil que me parece muy profesional, responsable, integrada por personas deseosas de interaccionar y comunicar sus experiencias y conocimientos.
Así me lanzo, decidido a compartir, abierto a las críticas que recibiré como un premio, habida cuenta de que quien las haga habrá dedicado parte de su tiempo a la lectura de mi blog, y lo que es mucho más de agradecer, a compartir conmigo y todos los miembros de la red sus conocimientos y opiniones sobre algo que yo he escrito.
Eso sí, quiero advertir que los contenidos me comprometen solo a mí y no a la Organización que dirijo, entre otras cosas porque la agilidad con la que escribiré no me va a permitir la consulta, pero además, porque creo que la frescura de un blog exige improvisación, consecuencia de la inspiración fugaz que hace que muchas veces sean meras reflexiones en voz alta, fruto de una vivencia concreta, o de un mero pálpito movido por la ilusión innata de las personas que vivimos para comunicar, sufrir y disfrutar con los demás.
Por ello he pensado que nada mejor que titular mi blog “reflexiones para compartir”, no es muy original, pero creo que refleja lo que quiero y deseo hacer con mi blog. Por cierto, tengo muchas más pasiones que mi trabajo y no descarto utilizar este blog para compartir con vosotros alguna de ellas, pero ya veremos, de momento no he hecho más que dar el primer paso y decidirme a entrar en acción. Espero que sea para bien.
El Consejo rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha mantenido esta mañana una reunión con la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Durante el encuentro se ha realizado un balance de la aplicación de la Ley de Integración Cooperativa, se ha analizado el futuro de la PAC, el acceso a nuevos mercados, y los seguros agrarios.
Respecto a la Ley de Integración, Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha destacado que hasta el momento se han reconocido 5 Entidades Asociativas Prioritarias, que agrupan a 244 cooperativas, más de 117.000 agricultores y que facturan más de 1.771 millones de €. La experiencia de estos dos años, ha matizado Villafranca, nos lleva a solicitar ahora la flexibilización de los criterios de reconocimiento para permitir la integración de cooperativas, que pese a tener dimensión y relevancia no alcanzan los requisitos establecidos para ser reconocidas como EAPs, especialmente las sectoriales.
En cuanto a la reforma de la PAC, Cooperativas Agro-alimentarias de España apoya una PAC sólida y adaptada a los retos del mercado, que fomente la concentración de la oferta en cooperativas u organizaciones de productores, OPs, para reequilibrar la cadena agroalimentaria y trasladar un mayor porcentaje del valor añadido a los productores. Tal y como ha señalado Ángel Villafranca, la nueva PAC debe continuar apoyando las inversiones que mejoren la competitividad, diseñar unos instrumentos de gestión de mercados públicos y privados para prevenir la volatilidad, y adaptar la interpretación de las normas de competencia a la realidad del sector agroalimentario.
Ángel Villafranca ha trasladado a la Ministra la necesidad de reflexionar sobre la figura de las OPs. Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende unas OPs que permitan vertebrar el sector, concentrar efectivamente la oferta, comercializar los productos reforzando la posición de los productores en la cadena alimentaria, captar el mayor valor añadido posible, y a la vez, ayudar a mejorar la eficiencia productiva de los agricultores y ganaderos asociados.
Villafranca ha recordado durante la reunión que el 30% de la facturación de las cooperativas procede de las exportaciones, por ello es necesario que la UE actúe como una entidad única a la hora de abrir nuevos mercados. Asimismo, ha recordado que el MAPAMA debe defender en la UE la protección sanitaria ante posibles invasiones o infecciones causadas por los productos importados y que se cumpla en todos los casos la normativa comunitaria.
Otro de los puntos analizados con la Ministra ha sido el refuerzo del sistema nacional de seguros agrarios. Cooperativas Agro-alimentarias de España ha solicitado un incremento adecuado de esta partida dado que los beneficios y ahorros que genera justifican ampliamente la inversión pública.
En el consejo rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España están los responsables de algunos de los sectores por lo que también se ha analizado la problemática de frutas y hortalizas, del sector vitivinícola o el lácteo, entre otros.