“E”, esta afirmación tan contundente se pronunció en varias ocasiones en el Presídium de la COGECA celebrado el pasado 18 de abril en Bruselas. Lo sorprendente no es la afirmación en sí, sino que hacía referencia a varias intervenciones en el Parlamento Europeo, no sólo por parte de los eurodiputados, sino por parte de los representantes de organizaciones ecologistas y del propio sector. En definitiva, es una reforma que no gusta a nadie. Los ecologistas se sienten defraudados porque el greening presagiaba una ecologización de la PAC que según los propios ecologistas se ha quedado en agua de borrajas tras los debates en el Consejo y en el Parlamento.

La visión de los eurodiputados es también crítica, pero por motivos diferentes; consideran que la falta de flexibilidad de la Comisión ante los planteamientos del Parlamento no se corresponde con el procedimiento de codecisión y poco menos que está ninguneando a la Eurocámara.

Para los representantes del los productores y de las cooperativas la crítica es de mayor calado. Consideran que la reforma no obedece a las necesidades presentes y futuras del sector agrario y agroalimentario. De hecho, los debates se han centrado en los pagos directos, pero no se ha avanzado prácticamente nada en la OCM Única que es donde se abordan las cuestiones relacionadas con la regulación del mercado y el reequilibrio de la cadena, aspectos todos ellos que influyen en 70% de la renta de la mayoría de los productores. Sin embargo, la Comisión y los Estados miembros se han centrado en los pagos directos con el fin de alcanzar un compromiso político defendible en cada uno de ellos. Esto les ha llevado a aceptar dos principios: la convergencia externa de las ayudas y la convergencia interna. La convergencia externa ha supuesto una modificación en los flujos presupuestarios entre Estados miembros, circunstancia que nos ha beneficiado al tener unas ayudas a la hectárea inferiores a la media comunitaria, pero la convergencia interna la van a tener que hacer los propios países en base a una regionalización que, en la práctica, va a ser a la carta y tampoco va a conseguir una verdadera convergencia de ayudas entre productores, sino que pretende consolidar el status quo en su distribución. En la práctica la PAC va a dejar de ser común y eso supone un grave riesgo para su permanencia, en la medida en que cuando una política deja de ser común, no tiene sentido que se financie con el presupuesto comunitario.

Lejos quedan aquellos tiempos en que todos aplaudían la Comunicación del Comisario Ciolos para la reforma de la PAC, entre otras cosas porque todos se veían en la foto. Ahora parece todo lo contrario; expectativas truncadas y una sensación de distanciamiento con las necesidades presentes y futuras de un sector que debe seguir siendo un motor económico de primer orden.

Ninguna reforma de la PAC se ha planteado en un escenario tan complejo como el actual; un contexto de crisis económica sin precedentes, una UE ampliada a 27 Estados miembros extraordinariamente heterogéneos (tanto en lo político como en lo económico), una ausencia de liderazgo claro en la UE, y en particular en la Comisión, la instauración del procedimiento de codecisión del Parlamento Europeo y, por si esto fuera poco, o tal vez como consecuencia de lo anterior, una propuesta del comisario Ciolos rompedora, redactada con la pretensión de redistribuir las ayudas de la PAC entre Estados miembros y entre productores e introducir unas exigencias medioambientales (greening) con el fin de encontrar el respaldo de la sociedad que no encontró en sus colegas del Colegio de Comisarios y, sobre todo, en los países detractores de la PAC.


 


La propuesta del Comisario, de llegar a aprobarse en su integridad, hubiera supuesto una reconfiguración sustancial de los pagos directos especialmente grave en España debido a su diversidad productiva, difícilmente compatible con la tasa plana y la convergencia propuesta por el comisario Ciolos.

En este sentido, hay que reconocer el esfuerzo y la estrategia realizada por el Ministerio de Agricultura que identificó rápidamente los puntos más sensibles y, con una política de alianzas eficaz, consiguió neutralizar la propuesta del Comisario. Por ello hay que valorar el acuerdo político alcanzado esta semana en el Consejo de Ministros, donde España consiguió sus objetivos fundamentales: limitar la superficie elegible para aproximarla a los 22 millones de Has (similar a la existente en la actualidad), beneficiarse de la convergencia externa (que nos beneficia como país al tener una media de pago único por hectárea inferior a la comunitaria) y acotar la convergencia interna, de tal forma que haya un reequilibrio más ajustado a la realidad productiva y no se produzcan graves alteraciones entre productores con respecto a la situación actual.

También se ha conseguido flexibilizar la aplicación del “greening”, especialmente preocupante para los cultivos permanentes, e incrementar el límite para los pagos acoplados al 12%, cuestión fundamental para la ganadería extensiva y algunos cultivos industriales.


En cuanto a las cuestiones de carácter sectorial, se prorroga obligatoriamente el sistema actual de derechos de plantación del viñedo hasta el 31 de diciembre de 2018 y se incorporan las conclusiones del Grupo de Alto Nivel que van a permitir mantener hasta 2024 un sistema de limitación de derechos. Esta ha sido una demanda fundamental de los productores que neutraliza la tendencia liberalizadora implantada en los últimos años en la UE. También el azúcar consigue mantener durante dos años más el sistema actual de cuotas que pretendía suprimir la Comisión en 2015.

En definitiva, el Consejo y en particular el Ministerio de Agricultura español, han conseguido atenuar las consecuencias que se podrían derivar de la aplicación de una propuesta de la Comisión que nunca debería haber visto la luz y que, lejos de atender los nuevos retos alimentarios y potenciar la mejora de la productividad y competitividad del sector, potenciaba una agricultura de corte más medioambiental y paisajista que económico.

También hay que destacar la introducción de la coexistencia de programas nacionales de desarrollo rural con programas regionales. Esta ha sido una demanda fundamental hecha desde Cooperativas Agro-alimentarias de España para potenciar la integración supra-autonómica y que fue defendida por el ministro Arias Cañete a pesar de no contar al principio ni con el apoyo de la Comisión ni de otros Estados miembros, pero con el tiempo fue ganando adeptos y perdiendo detractores hasta quedar plasmada en el acuerdo político del Consejo. Otro de los aspectos a valorar es el incremento de la intensidad de las ayudas a las inversiones que soliciten las OPs fusionadas y que conlleven un incremento del 35% de su volumen de comercialización o del número de socios. Esto último será sin duda un estímulo para la puesta en marcha de la Ley de Integración Cooperativa y que debemos valorar en su justa medida.

El capítulo más abierto es el relativo a la OCM Única en lo referente a la organización y vertebración del sector (Organizaciones de Productores, Asociaciones de OPs e Interprofesionales). Este es un aspecto clave para conseguir el reequilibrio de la cadena agroalimentaria que para Cooperativas reviste especial importancia. Lo mismo sucede con los instrumentos de regulación de mercado, donde países como España y otros 7 Estados miembros han firmado una declaración conjunta defendiendo la necesidad de actualizar los precios de referencia para la activación del almacenamiento privado y la intervención, de tal forma que tengan en cuenta la evolución de los costes productivos. Ambas cuestiones, las Organizaciones de Productores y la regulación de mercado, encuentran posiciones antagónicas en el Consejo.

 




Por una parte los países del Norte no quieren hablar ni de vertebración del sector (porque ya están vertebrados) ni de regulación del mercado, entre otras cosas porque sus empresas están muy internacionalizadas y encuentran en los países emergentes un refugio para sus excedentes coyunturales. Sin embargo, para España y para los países del Sur, ambas cuestiones son fundamentales para conseguir un equilibrio de fuerzas entre la producción, la industria transformadora y la gran distribución. En este sentido hay que valorar que se haya conseguido mantener el reconocimiento obligatorio para las Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas, vino y leche, siendo potestad de los Estados miembros abrir el reconocimiento para los demás sectores.

Siguiendo con las Organizaciones de Productores, es interesante que se les haya concedido la capacidad para acordar una extensión de norma con fines relativos a la sanidad animal, vegetal y la seguridad alimentaria, si bien nos gustaría que prosperase en el trílogo la propuesta del Parlamento Europeo, más ambiciosa, y que permitiría a las OPs y sus Asociaciones retirar coyunturalmente producto del mercado sin necesidad de que tengan que existir problemas de carácter sanitario.

En definitiva, la valoración del resultado del Consejo es, en términos generales, positiva, sobre todo si tenemos en cuenta la diferencia de intereses existentes en la UE y que la propuesta de la Comisión venía francamente mal colocada. Si a esto añadimos los problemas y limitaciones comentados al principio, el esfuerzo de la delegación española es, si cabe, más importante.


Quedan ahora dos etapas pendientes: la primera es el cierre de la reforma y la segunda su aplicación en España. En cuanto a la primera, somos ligeramente optimistas porque la incorporación del Parlamento debería mejorar los flecos pendientes, entre otras cosas porque el dictamen del PE va más allá en determinados aspectos que el acuerdo político alcanzado en el Consejo. En cuanto a la segunda somos menos optimistas. Es evidente que aunque se ha conseguido atenuar el impacto de la convergencia interna propuesta inicialmente por la Comisión, no es menos cierto que las referencias históricas han terminado y para que no haya modificaciones sustanciales en los pagos recibidos entre regiones, sectores y productores es necesario realizar un ejercicio de creatividad extraordinario a la hora de definir las “regiones homogéneas”. Y es que el principal problema es que el agricultor considera el pago único como un derecho histórico, con todo lo que eso significa: un derecho adquirido y permanente.

 

Por todo ello, en Cooperativas Agro-alimentarias de España nos hemos concentrado en demandar instrumentos y medidas que permitan al productor mejorar su posición en el mercado y así mejorar su renta sin depender tanto de los pagos directos. Para ello es muy importante que se definan bien los criterios de calificación de las OPs y sus atribuciones, dejándolas cubiertas y amparadas de la actuación de las Autoridades de Defensa de la Competencia, al tiempo que confiamos que la coexistencia de un programa de desarrollo rural nacional con los regionales y los incentivos a las fusiones e integraciones de OPs sean un estímulo para la fusión e integración de nuestras cooperativas. Si finalmente conseguimos que la reforma permita reforzar los estímulos para la mejora de la competitividad y la vertebración y estructuración económica del sector, daremos por buena una reforma que originalmente tenía muy mala pinta y que, entre todos, habremos conseguido enderezar.