“E”, esta afirmación tan contundente se pronunció en varias ocasiones en el Presídium de la COGECA celebrado el pasado 18 de abril en Bruselas. Lo sorprendente no es la afirmación en sí, sino que hacía referencia a varias intervenciones en el Parlamento Europeo, no sólo por parte de los eurodiputados, sino por parte de los representantes de organizaciones ecologistas y del propio sector. En definitiva, es una reforma que no gusta a nadie. Los ecologistas se sienten defraudados porque el greening presagiaba una ecologización de la PAC que según los propios ecologistas se ha quedado en agua de borrajas tras los debates en el Consejo y en el Parlamento.
La visión de los eurodiputados es también crítica, pero por motivos diferentes; consideran que la falta de flexibilidad de la Comisión ante los planteamientos del Parlamento no se corresponde con el procedimiento de codecisión y poco menos que está ninguneando a la Eurocámara.
Para los representantes del los productores y de las cooperativas la crítica es de mayor calado. Consideran que la reforma no obedece a las necesidades presentes y futuras del sector agrario y agroalimentario. De hecho, los debates se han centrado en los pagos directos, pero no se ha avanzado prácticamente nada en la OCM Única que es donde se abordan las cuestiones relacionadas con la regulación del mercado y el reequilibrio de la cadena, aspectos todos ellos que influyen en 70% de la renta de la mayoría de los productores. Sin embargo, la Comisión y los Estados miembros se han centrado en los pagos directos con el fin de alcanzar un compromiso político defendible en cada uno de ellos. Esto les ha llevado a aceptar dos principios: la convergencia externa de las ayudas y la convergencia interna. La convergencia externa ha supuesto una modificación en los flujos presupuestarios entre Estados miembros, circunstancia que nos ha beneficiado al tener unas ayudas a la hectárea inferiores a la media comunitaria, pero la convergencia interna la van a tener que hacer los propios países en base a una regionalización que, en la práctica, va a ser a la carta y tampoco va a conseguir una verdadera convergencia de ayudas entre productores, sino que pretende consolidar el status quo en su distribución. En la práctica la PAC va a dejar de ser común y eso supone un grave riesgo para su permanencia, en la medida en que cuando una política deja de ser común, no tiene sentido que se financie con el presupuesto comunitario.
Lejos quedan aquellos tiempos en que todos aplaudían la Comunicación del Comisario Ciolos para la reforma de la PAC, entre otras cosas porque todos se veían en la foto. Ahora parece todo lo contrario; expectativas truncadas y una sensación de distanciamiento con las necesidades presentes y futuras de un sector que debe seguir siendo un motor económico de primer orden.
“E”, esta afirmación tan contundente se pronunció en varias ocasiones en el Presídium de la COGECA celebrado el pasado 18 de abril en Bruselas. Lo sorprendente no es la afirmación en sí, sino que hacía referencia a varias intervenciones en el Parlamento Europeo, no sólo por parte de los eurodiputados, sino por parte de los representantes de organizaciones ecologistas y del propio sector. En definitiva, es una reforma que no gusta a nadie. Los ecologistas se sienten defraudados porque el greening presagiaba una ecologización de la PAC que según los propios ecologistas se ha quedado en agua de borrajas tras los debates en el Consejo y en el Parlamento.
La visión de los eurodiputados es también crítica, pero por motivos diferentes; consideran que la falta de flexibilidad de la Comisión ante los planteamientos del Parlamento no se corresponde con el procedimiento de codecisión y poco menos que está ninguneando a la Eurocámara.
Para los representantes del los productores y de las cooperativas la crítica es de mayor calado. Consideran que la reforma no obedece a las necesidades presentes y futuras del sector agrario y agroalimentario. De hecho, los debates se han centrado en los pagos directos, pero no se ha avanzado prácticamente nada en la OCM Única que es donde se abordan las cuestiones relacionadas con la regulación del mercado y el reequilibrio de la cadena, aspectos todos ellos que influyen en 70% de la renta de la mayoría de los productores. Sin embargo, la Comisión y los Estados miembros se han centrado en los pagos directos con el fin de alcanzar un compromiso político defendible en cada uno de ellos. Esto les ha llevado a aceptar dos principios: la convergencia externa de las ayudas y la convergencia interna. La convergencia externa ha supuesto una modificación en los flujos presupuestarios entre Estados miembros, circunstancia que nos ha beneficiado al tener unas ayudas a la hectárea inferiores a la media comunitaria, pero la convergencia interna la van a tener que hacer los propios países en base a una regionalización que, en la práctica, va a ser a la carta y tampoco va a conseguir una verdadera convergencia de ayudas entre productores, sino que pretende consolidar el status quo en su distribución. En la práctica la PAC va a dejar de ser común y eso supone un grave riesgo para su permanencia, en la medida en que cuando una política deja de ser común, no tiene sentido que se financie con el presupuesto comunitario.
Lejos quedan aquellos tiempos en que todos aplaudían la Comunicación del Comisario Ciolos para la reforma de la PAC, entre otras cosas porque todos se veían en la foto. Ahora parece todo lo contrario; expectativas truncadas y una sensación de distanciamiento con las necesidades presentes y futuras de un sector que debe seguir siendo un motor económico de primer orden.